Desarrollo Sostenible

Los países de América Latina y el Caribe atraviesan un momento histórico, en que ostentan progresos socioeconómicos, estabilidad política y liderazgo internacional. En la región emergen además consensos y puntos compartidos, pese a la diversidad de miradas y énfasis. Uno de ellos es fundamental: la región entiende que la agenda para el desarrollo sostenible del mañana supone un cambio de paradigma, un cambio estructural que ubica a la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro. Y de la mano de ese impulso apuesta a la construcción de una única agenda, universal, irreversible, de desarrollo sostenible y con igualdad.

Sin embargo, la tarea previa no está saldada. Quedan brechas pendientes. En cuanto a algunos Objetivos de Desarrollo del Milenio, la distancia entre lo comprometido y lo alcanzado es aún apreciable. El cambio hacia el desarrollo sostenible requiere señales adecuadas que se derivan de la regulación, la fiscalidad, el financiamiento y la gobernanza de los recursos naturales.

El sector privado es corresponsable pero no es sustituto del Estado. La política y las instituciones importan. Hay una urgencia por complementar el uso del PIB como referencia exclusiva y excluyente.

Para tomar mejores decisiones en la perspectiva del desarrollo es preciso medir mejor y más allá del crecimiento económico. La construcción de la gobernanza global para el desarrollo sostenible es impostergable. Se debe

privilegiar la coherencia de las políticas mundiales, el comercio justo, la transferencia de tecnología, una reforma financiera internacional y nuevos mecanismos de financiamiento, a fin de fomentar la cooperación Sur–Sur y fortalecer los instrumentos de participación social. América Latina y el Caribe puede decir con legítimo orgullo que ha hecho una labor significativa

en la reducción de la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, la mortalidad infantil y la falta de acceso al agua. Pero no basta con reducir la pobreza si al mismo tiempo perduran desigualdades basadas en el género, la etnia y el territorio. Tantas veces se observa una preocupación desbordada por mayor productividad que no se traduce en mayor creación de empleo decente, de alto valor agregado y con pleno acceso a los derechos laborales básicos. La región arrastra una oferta educativa a menudo deficitaria en calidad, que no permite la inserción laboral ni abona a la construcción de una mayor conciencia cívica, una participación política informada y una mejor integración en la sociedad. Se apuesta a la incorporación de las mujeres al mercado laboral sin resolver efectivamente la discriminación basada en el género y con serias dificultades para asegurar su autonomía física y empoderamiento. A la América Latina y el Caribe del mañana no le basta con un Estado que mantiene las finanzas públicas ordenadas y la inflación controlada, si no cumple cabalmente su rol de orientador del desarrollo sostenible en el largo plazo. Para esto se requiere cambiar la estructura impositiva y elevar la recaudación. Tampoco le es suficiente una política social asistencial focalizada si no va acompañada de una política pública de protección social de carácter universal para reducir la vulnerabilidad de la población e interrumpir los mecanismos de transmisión de la exclusión social y la desigualdad. La región debe crecer con menos heterogeneidad estructural y más desarrollo productivo, e igualar potenciando capacidades humanas y movilizando energías desde el Estado. En el horizonte estratégico del largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental tienen que ir de la mano. Pero además, este horizonte estratégico solo será probable, pertinente, realizable, si lo siente propio y compartido la sociedad civil. Los lineamientos de la nueva agenda descansan en el concepto de sostenibilidad del desarrollo. El término desarrollo sostenible, popularizado a partir de la publicación “Nuestro futuro común” (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987), apuntaba a un nuevo paradigma de desarrollo a partir de la integración del crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. Los principios que definían y habilitaban el desarrollo sostenible fueron consolidados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 19 92 y reafirmados recientemente en el documento “El futuro que queremos”, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). El núcleo principal de esta propuesta y el criterio para evaluar su éxito residen precisamente en la integración efectiva de estos tres pilares del desarrollo, a fin de que la política social no esté supeditada al crecimiento económico y que la sostenibilidad del medio ambiente no esté sujeta a las modalidades de producción y de consumo prevalecientes. Los temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres atraviesan las tres dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible.

No obstante, las numerosas cumbres y procesos multilaterales que han tenido por objetivo pensar y promover una nueva forma de desarrollo (Cumbre del Milenio, Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo), incluido un cambio de las modalidades de producción y consumo (Proceso de Marrakech), han arrojado resultados prácticos que distan de una verdadera integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Es más, aún persiste una aproximación secuencial en la resolución de los grandes desafíos de la humanidad, en la que los aspectos económicos priman sobre los sociales, y ambos sobre los ambientales. América Latina es hoy una región eminentemente urbana y de ingreso medio pero que esconde una gran heterogeneidad y desigualdad. En ella conviven países de ingreso medio alto, miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de los Veinte (G20), pequeños Estado insulares en desarrollo con vulnerabilidades particulares, países sin litoral, países pobres altamente endeudados y uno de los países con mayores necesidades del planeta: Haití. La heterogeneidad también se manifiesta dentro de los países en las desigualdades de ingreso, acceso y oportunidades, y las territoriales. La región ostenta la peor distribución del ingreso del mundo y en décadas recientes se ha exacerbado la heterogeneidad en cuanto a las oportunidades productivas de la sociedad, se ha deteriorado el mundo del trabajo (que relegado de los beneficios del crecimiento expresa los distintos factores de desigualdad educativa, de género, demográficos, geográficos, étnicos, entre otros) y se ha segmentado el acceso a la protección social. En paralelo y como consecuencia, la inseguridad ciudadana, la violencia y la criminalidad han proliferado, mostrando la cara más amarga de la desigualdad, la injusticia y la indignidad imperantes. La región también suma nuevos desafíos a los ya existentes, entre ellos: la transición demográfica, que provee un bono que exacerba la falta de oportunidades laborales de los jóvenes y cuyo próximo término anticipa las crecientes necesidad es de una población cada vez más envejecida; la transición epidemiológica, en la que los progresos en las enfermedades infecciosas conviven con el creciente peso de las enfermedades crónicas no transmisibles y estilos de vida, consumo y alimentación poco saludables; la dependencia de la riqueza de recursos naturales y ambientales con numerosos países megabiodiversos que, además de que insta a recurrir a los conocimientos ancestrales de sus pueblos originarios, promueve la búsqueda de nuevas formas de desarrollo, aunque también alerta sobre los riesgos de una reprimarización productiva insostenible con crecientes conflictos socioambientales; y el cambio climático, que brinda la oportunidad de cambiar los patrones de producción y consumo contribuyendo a su mitigación y de gestionar la adaptación enfrentando la vulnerabilidad existente frente a los eventos naturales extremos, pero que impondrá costos crecientes a la región.

Los países de América Latina y el Caribe atraviesan un momento histórico, en que ostentan progresos socioeconómicos, estabilidad política y liderazgo internacional. En la región emergen además consensos y puntos compartidos, pese a la diversidad de miradas y énfasis. Uno de ellos es fundamental: la región entiende que la agenda para el desarrollo sostenible del mañana supone un cambio de paradigma, un cambio estructural que ubica a la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro. Y de la mano de ese impulso apuesta a la construcción de una única agenda, universal, irreversible, de desarrollo sostenible y con igualdad.

Sin embargo, la tarea previa no está saldada. Quedan brechas pendientes. En cuanto a algunos Objetivos de Desarrollo del Milenio, la distancia entre lo comprometido y lo alcanzado es aún apreciable. El cambio hacia el desarrollo sostenible requiere señales adecuadas que se derivan de la regulación, la fiscalidad, el financiamiento y la gobernanza de los recursos naturales.

El sector privado es corresponsable pero no es sustituto del Estado.

La política y las instituciones importan. Hay una urgencia por complementar el uso del PIB como referencia exclusiva y excluyente. Para tomar mejores decisiones en la perspectiva del desarrollo es preciso medir mejor y más allá del crecimiento económico. La construcción de la gobernanza global para el desarrollo sostenible es impostergable. Se debe privilegiar la coherencia de las políticas mundiales, el comercio justo, la transferencia de tecnología, una reforma financiera internacional y nuevos mecanismos de financiamiento, a fin de fomentar la cooperación Sur–Sur y fortalecer los instrumentos de participación social. América Latina y el Caribe puede decir con legítimo orgullo que ha hecho una labor significativa en la reducción de la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, la mortalidad infantil y la falta de acceso al agua. Pero no basta con reducir la pobreza si al mismo tiempo perduran desigualdades basadas en el género, la etnia y el territorio. Tantas veces se observa una preocupación desbordada por mayor productividad que no se traduce en mayor creación de empleo decente, de alto valor agregado y con pleno acceso a los derechos laborales básicos. La región arrastra una oferta educativa a menudo deficitaria en calidad, que no permite la inserción laboral ni abona a la construcción de una mayor conciencia cívica, una participación política informada y una mejor integración en la sociedad. Se apuesta a la incorporación de las mujeres al mercado laboral sin resolver efectivamente la discriminación basada en el género y con serias dificultades para asegurar su autonomía física y empoderamiento. A la América Latina y el Caribe del mañana no le basta con un Estado que mantiene las finanzas públicas ordenadas y la inflación controlada, si no cumple cabalmente su rol de orientador del desarrollo sostenible en el largo plazo. Para esto se requiere cambiar la estructura impositiva y elevar la recaudación. Tampoco le es suficiente una política social asistencial focalizada si no va acompañada de una política pública de protección social de carácter universal para reducir la vulnerabilidad de la población e interrumpir los mecanismos de transmisión de la exclusión social y la desigualdad. La región debe crecer con menos heterogeneidad estructural y más desarrollo productivo, e igualar potenciando capacidades humanas y movilizando energías desde el Estado. En el horizonte estratégico del largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental tienen que ir de la mano. Pero además, este horizonte estratégico solo será probable, pertinente, realizable, si lo siente propio y compartido la sociedad civil.