domingo, 17 de mayo de 2015

Desarrollo sustentable



Uno de los retos más importantes delas últimas décadas ha sido encontrar una forma de integrar soluciones a los crecientes problemas de degradación delmedio ambiente, una constante en gran parte de los países del globo, a la vez que tratar de mantener niveles mínimos de crecimiento económico necesarios para reducir los actuales niveles de pobreza. El desarrollo sustentable está hoy día presente en gran parte de las discusiones políticas, sea a nivel local, estatal/regional, nacional o internacional, tanto como tema principal como relacionado a generación de energía, comercio, industria,infraestructura, salud pública, entre otros. No obstante, es necesario aclarar que no existe una definición consensuada y aceptada por todos para la sustentabilidad. Por un lado esto puede ser visto como un aspecto negativo del concepto en función de la falta de precisión, pero por otro, otorga más flexibilidad,permitiendo que el término de la sustentabilidad pueda aplicarse en diferentes contextos sociales, económicos, políticos y éticos.
Además, se abre el espacio para una transfor
mación constructiva del concepto y se toman
en cuenta los cambios cada vez más rápidos
inherentes a nuestra sociedad posmoderna, o
en palabras de Ulrich Beck, una sociedad que
vive modernidad reflexiva.
Según Beck, a diferencia de la primera
fase de la sociedad moderna, caracterizada
por el progreso que trajo la industrialización
y la seguridad de un futuro mejor, a la socie
dad actual le falta esa certeza sobre su futuro.
Esta incertidumbre lleva a un proceso de re
flexión no solamente sobre dónde nos encon
tramos como sociedad, sino también sobre las
consecuencias de los diferentes caminos que
podemos elegir y adoptar así como los riesgos
implícitos de cada uno de ellos.
Para entender mejor el concepto de desa
rrollo sustentable y así la diversidad de posi
bles políticas públicas y perspectivas que pue
den ser encontradas bajo este concepto lo
ideal es revisar las transformaciones por las
que nuestras sociedades (latinoamericanas)
han pasado desde la Segunda Guerra Mundial
El Desafío del Desarrollo Sustentable en América Latina
y cómo éstas se reflejan en la dirección que
han tomado nuestras políticas públicas.
Así, es posible dividir este periodo en tres
grandes fases: La fase de intervención estatal
en los mercados para fomentar el crecimien
to; la ola neoliberal que llevó nuevamente a la
liberación de los mercados de la intervención
estatal, a su autoregulación y a que las políti
cas públicas se enfoquen en las tareas básicas
del estado (desarrollo socioeconómico) y la
tercera, caracterizada por la introducción del
concepto de desarrollo sustentable. Las tres
fases tienen en común el deseo de los países,
de poder llegar a ofrecerle a su población los
mismos niveles de calidad de vida que veía
mos y todavía vemos en los países más ricos
del orbe.
La perspectiva de los tomadores de de
cisión y formadores de políticas públicas a
partir de finales de la década de los cuarenta
(principalmente bajo la influencia de la Comi
sión Económica para América Latina – CEPAL)
era que el origen de los problemas radicaba en
la diferencia en el grado de industrialización,
lo que hacía que los países latinoamericanos
(países tercermundistas, según la nomencla
tura de aquella época) fueran eternos depen
dientes de los países industrializados (los
países del primer mundo) y sus productos de
alto valor agregado. El principal objetivo de
las políticas públicas pasa a ser el crecimien
to económico a través de una clara política de
industrialización. Así, se imaginaban, se so
lucionaría el gran problema de falta de capital
y todos los demás problemas desaparecerían
casi como consecuencia de la industrializa
ción. Esta primera fase de políticas públicas
sí logra promover el crecimiento económico,
pero la mayor parte de este crecimiento no es
permeado a gran parte de la población cuyo
nivel de bienestar medido en términos de
factores no económicos como vivienda, salud
y educación no pasa por un proceso similar
de crecimiento.
El objetivo de las políticas públicas pasa
a ser en la siguiente fase una combinación
entre políticas públicas que estabilicen la
economía y permitan un crecimiento econó
mico liderado por la iniciativa privada, que
aunadas a otras políticas garanticen que este
crecimiento efectivamente se traduzca en un
incremento del bienestar para la mayor parte
de la sociedad, dando origen al concepto de
desarrollo socioeconómico. De hecho, una de
las diez directrices del consenso de Washin
gton, que sirvió como marco general para las
políticas públicas latinoamericanas a partir
de 1989, sugiere específicamente que el Esta
do debe redireccionar sus gastos de una gama
de subsidios indiscriminados hacia servicios
para los pobres como educación, salud e in
fraestructura. El tema del medio ambiente
no se ve incluido en este marco de políticas
públicas, a pesar de que a nivel internacional
las discusiones y políticas públicas ambien
tales en los así llamados países desarrollados
ya llevaban más de 20 años y que la Organi
zación de las Naciones Unidas planeaba la
Cumbre de la Tierra (ECO-92) sobre desarrollo
y medio ambiente en Rio de Janeiro, Brasil. De
hecho, es a partir de esta época que las pre
ocupaciones ambientales empiezan a hacer
parte de la agenda pública en Latinoamérica
con la creación de secretarías y ministerios de
medio ambiente en varios países como el IBA
MA en Brasil, en 1989; la CONAMA en Chile
en 1994, la SEMARNAP en México en 1994, o
el MINAMBIENTE en Colombia en 1993.

 




Desarrollo Sostenible



Los países de América Latina y el Caribe atraviesan un momento histórico, en que ostentan progresos socioeconómicos, estabilidad política y liderazgo internacional. En la región emergen además consensos y puntos compartidos, pese a la diversidad de miradas y énfasis. Uno de ellos es fundamental: la región entiende que la agenda para el desarrollo sostenible del mañana supone un cambio de paradigma, un cambio estructural que ubica a la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro. Y de la mano de ese impulso apuesta a la construcción de una única agenda, universal, irreversible, de desarrollo sostenible y con igualdad.
Sin embargo, la tarea previa no está saldada. Quedan brechas pendientes. En cuanto a algunos Objetivos de Desarrollo del Milenio, la distancia entre lo comprometido y lo alcanzado es aún apreciable. El cambio hacia el desarrollo sostenible requiere señales adecuadas que se derivan de la regulación, la fiscalidad, el financiamiento y la gobernanza de los recursos naturales.
El sector privado es corresponsable pero no es sustituto del Estado. La política y las instituciones importan. Hay una urgencia por complementar el uso del PIB como referencia exclusiva y excluyente.
Para tomar mejores decisiones en la perspectiva del desarrollo es preciso medir mejor y más allá del crecimiento económico. La construcción de la gobernanza global para el desarrollo sostenible es impostergable. Se debe
privilegiar la coherencia de las políticas mundiales, el comercio justo, la transferencia de tecnología, una reforma financiera internacional y nuevos mecanismos de financiamiento, a fin de fomentar la cooperación Sur–Sur y fortalecer los instrumentos de participación social. América Latina y el Caribe puede decir con legítimo orgullo que ha hecho una labor significativa
en la reducción de la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, la mortalidad infantil y la falta de acceso al agua. Pero no basta con reducir la pobreza si al mismo tiempo perduran desigualdades basadas en el género, la etnia y el territorio. Tantas veces se observa una preocupación desbordada por mayor productividad que no se traduce en mayor creación de empleo decente, de alto valor agregado y con pleno acceso a los derechos laborales básicos. La región arrastra una oferta educativa a menudo deficitaria en calidad, que no permite la inserción laboral ni abona a la construcción de una mayor conciencia cívica, una participación política informada y una mejor integración en la sociedad. Se apuesta a la incorporación de las mujeres al mercado laboral sin resolver efectivamente la discriminación basada en el género y con serias dificultades para asegurar su autonomía física y empoderamiento. A la América Latina y el Caribe del mañana no le basta con un Estado que mantiene las finanzas públicas ordenadas y la inflación controlada, si no cumple cabalmente su rol de orientador del desarrollo sostenible en el largo plazo. Para esto se requiere cambiar la estructura impositiva y elevar la recaudación. Tampoco le es suficiente una política social asistencial focalizada si no va acompañada de una política pública de protección social de carácter universal para reducir la vulnerabilidad de la población e interrumpir los mecanismos de transmisión de la exclusión social y la desigualdad. La región debe crecer con menos heterogeneidad estructural y más desarrollo productivo, e igualar potenciando capacidades humanas y movilizando energías desde el Estado. En el horizonte estratégico del largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental tienen que ir de la mano. Pero además, este horizonte estratégico solo será probable, pertinente, realizable, si lo siente propio y compartido la sociedad civil. Los lineamientos de la nueva agenda descansan en el concepto de sostenibilidad del desarrollo. El término desarrollo sostenible, popularizado a partir de la publicación “Nuestro futuro común” (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987), apuntaba a un nuevo paradigma de desarrollo a partir de la integración del crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. Los principios que definían y habilitaban el desarrollo sostenible fueron consolidados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 19 92 y reafirmados recientemente en el documento “El futuro que queremos”, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). El núcleo principal de esta propuesta y el criterio para evaluar su éxito residen precisamente en la integración efectiva de estos tres pilares del desarrollo, a fin de que la política social no esté supeditada al crecimiento económico y que la sostenibilidad del medio ambiente no esté sujeta a las modalidades de producción y de consumo prevalecientes. Los temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres atraviesan las tres dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible.
No obstante, las numerosas cumbres y procesos multilaterales que han tenido por objetivo pensar y promover una nueva forma de desarrollo (Cumbre del Milenio, Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo), incluido un cambio de las modalidades de producción y consumo (Proceso de Marrakech), han arrojado resultados prácticos que distan de una verdadera integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Es más, aún persiste una aproximación secuencial en la resolución de los grandes desafíos de la humanidad, en la que los aspectos económicos priman sobre los sociales, y ambos sobre los ambientales. América Latina es hoy una región eminentemente urbana y de ingreso medio pero que esconde una gran heterogeneidad y desigualdad. En ella conviven países de ingreso medio alto, miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de los Veinte (G20), pequeños Estado insulares en desarrollo con vulnerabilidades particulares, países sin litoral, países pobres altamente endeudados y uno de los países con mayores necesidades del planeta: Haití. La heterogeneidad también se manifiesta dentro de los países en las desigualdades de ingreso, acceso y oportunidades, y las territoriales. La región ostenta la peor distribución del ingreso del mundo y en décadas recientes se ha exacerbado la heterogeneidad en cuanto a las oportunidades productivas de la sociedad, se ha deteriorado el mundo del trabajo (que relegado de los beneficios del crecimiento expresa los distintos factores de desigualdad educativa, de género, demográficos, geográficos, étnicos, entre otros) y se ha segmentado el acceso a la protección social. En paralelo y como consecuencia, la inseguridad ciudadana, la violencia y la criminalidad han proliferado, mostrando la cara más amarga de la desigualdad, la injusticia y la indignidad imperantes. La región también suma nuevos desafíos a los ya existentes, entre ellos: la transición demográfica, que provee un bono que exacerba la falta de oportunidades laborales de los jóvenes y cuyo próximo término anticipa las crecientes necesidad es de una población cada vez más envejecida; la transición epidemiológica, en la que los progresos en las enfermedades infecciosas conviven con el creciente peso de las enfermedades crónicas no transmisibles y estilos de vida, consumo y alimentación poco saludables; la dependencia de la riqueza de recursos naturales y ambientales con numerosos países megabiodiversos que, además de que insta a recurrir a los conocimientos ancestrales de sus pueblos originarios, promueve la búsqueda de nuevas formas de desarrollo, aunque también alerta sobre los riesgos de una reprimarización productiva insostenible con crecientes conflictos socioambientales; y el cambio climático, que brinda la oportunidad de cambiar los patrones de producción y consumo contribuyendo a su mitigación y de gestionar la adaptación enfrentando la vulnerabilidad existente frente a los eventos naturales extremos, pero que impondrá costos crecientes a la región.

Los países de América Latina y el Caribe atraviesan un momento histórico, en que ostentan progresos socioeconómicos, estabilidad política y liderazgo internacional. En la región emergen además consensos y puntos compartidos, pese a la diversidad de miradas y énfasis. Uno de ellos es fundamental: la región entiende que la agenda para el desarrollo sostenible del mañana supone un cambio de paradigma, un cambio estructural que ubica a la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro. Y de la mano de ese impulso apuesta a la construcción de una única agenda, universal, irreversible, de desarrollo sostenible y con igualdad.
Sin embargo, la tarea previa no está saldada. Quedan brechas pendientes. En cuanto a algunos Objetivos de Desarrollo del Milenio, la distancia entre lo comprometido y lo alcanzado es aún apreciable. El cambio hacia el desarrollo sostenible requiere señales adecuadas que se derivan de la regulación, la fiscalidad, el financiamiento y la gobernanza de los recursos naturales.
El sector privado es corresponsable pero no es sustituto del Estado.
La política y las instituciones importan. Hay una urgencia por complementar el uso del PIB como referencia exclusiva y excluyente. Para tomar mejores decisiones en la perspectiva del desarrollo es preciso medir mejor y más allá del crecimiento económico. La construcción de la gobernanza global para el desarrollo sostenible es impostergable. Se debe privilegiar la coherencia de las políticas mundiales, el comercio justo, la transferencia de tecnología, una reforma financiera internacional y nuevos mecanismos de financiamiento, a fin de fomentar la cooperación Sur–Sur y fortalecer los instrumentos de participación social. América Latina y el Caribe puede decir con legítimo orgullo que ha hecho una labor significativa en la reducción de la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, la mortalidad infantil y la falta de acceso al agua. Pero no basta con reducir la pobreza si al mismo tiempo perduran desigualdades basadas en el género, la etnia y el territorio. Tantas veces se observa una preocupación desbordada por mayor productividad que no se traduce en mayor creación de empleo decente, de alto valor agregado y con pleno acceso a los derechos laborales básicos. La región arrastra una oferta educativa a menudo deficitaria en calidad, que no permite la inserción laboral ni abona a la construcción de una mayor conciencia cívica, una participación política informada y una mejor integración en la sociedad. Se apuesta a la incorporación de las mujeres al mercado laboral sin resolver efectivamente la discriminación basada en el género y con serias dificultades para asegurar su autonomía física y empoderamiento. A la América Latina y el Caribe del mañana no le basta con un Estado que mantiene las finanzas públicas ordenadas y la inflación controlada, si no cumple cabalmente su rol de orientador del desarrollo sostenible en el largo plazo. Para esto se requiere cambiar la estructura impositiva y elevar la recaudación. Tampoco le es suficiente una política social asistencial focalizada si no va acompañada de una política pública de protección social de carácter universal para reducir la vulnerabilidad de la población e interrumpir los mecanismos de transmisión de la exclusión social y la desigualdad. La región debe crecer con menos heterogeneidad estructural y más desarrollo productivo, e igualar potenciando capacidades humanas y movilizando energías desde el Estado. En el horizonte estratégico del largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental tienen que ir de la mano. Pero además, este horizonte estratégico solo será probable, pertinente, realizable, si lo siente propio y compartido la sociedad civil.